La importancia de una Traducción Jurada

A diferencia de una traducción convencional, las traducciones juradas son traducciones firmadas y selladas por un Traductor Jurado Oficial que da fe pública de la veracidad de la traducción del documento.

Los traductores jurados son acreditados por el Ministerio de Asuntos Exteriores quienes, tras superar un examen y con el título de traductor oficial, otorgan validez legal y carácter oficial a la traducción autentificando con su firma la veracidad del contenido de la misma para que puedan ser presentadas y aceptadas ante las autoridades oficiales competentes para la legalización de documentos procedentes de otros países.

Actualmente, la figura del traductor jurado está adquiriendo un papel muy importante en nuestra sociedad debido a la coyuntura actual en la que la internacionalización de empresas u organismos públicos obligan a contratar una traducción jurada oficial que de veracidad a los textos o documentos traducidos.

Al estar reconocida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la traducción de cualquier certificado o documento tendrá validez y será reconocida en el país extranjero y ante cualquier organismo público, ya que el traductor jurado da fe de que el contenido del documento original es el de la traducción jurada firmada y sellada.

WIKIPEDIA

La traducción jurada (también llamada, según el país, traducción públicatraducción oficial o traducción certificada) es la traducción de cualquier tipo de documentos, realizada por un traductor reconocido por una instancia oficial y llamado, por esa razón, perito traductor o traductor certificado o traductor jurado, entre otras denominaciones.

Fuente: Wikipedia

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y viceversa tendrán carácter oficial si han sido realizadas por quien se encuentre en posesión del título de Traductor-Intérprete Jurado que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, según establece la disposición adicional décima sexta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, modificada por la disposición final cuarta de la Ley 29/2015, de 30 de julio.